La Corte Constitucional advirtió que la sobreocupación, las fallas en alimentación y los retrasos en infraestructura mantienen vigente la crisis penitenciaria del país.

La crisis del sistema penitenciario colombiano volvió al centro del debate público durante una audiencia realizada el 4 de noviembre por la Corte Constitucional. La diligencia tuvo como objetivo revisar el cumplimiento de las órdenes adoptadas para superar el estado de cosas inconstitucional declarado en el sistema carcelario.

Uno de los principales problemas expuestos fue el hacinamiento en los centros de detención transitoria. Según las cifras presentadas durante la audiencia, con corte a agosto de 2026 había 18.824 personas recluidas en estos espacios, cuya capacidad oficial es de 9.686. Esto representa una sobreocupación de 9.138 personas y un índice de hacinamiento del 94,34 %.

La situación afecta principalmente estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata, lugares diseñados para permanencias temporales y no para convertirse en espacios de reclusión prolongada.

La Corte también recibió denuncias relacionadas con alimentación en malas condiciones, dificultades sanitarias y deficiencias en programas de resocialización. A esto se suman retrasos en la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios. Entre los casos cuestionados están las cárceles de Riohacha y Sabanas de San Ángel, cuyas obras llevan años sin entrar plenamente en funcionamiento.

El Gobierno anunció que buscará acelerar la terminación de infraestructura penitenciaria y gestionar recursos adicionales. Sin embargo, la discusión plantea una pregunta más amplia: si la solución debe concentrarse únicamente en construir más cárceles o si también debe revisarse el uso de la prisión, la congestión judicial y las condiciones de resocialización.

La Corte deberá continuar el seguimiento a las medidas adoptadas para determinar si las instituciones están cumpliendo sus obligaciones constitucionales.