Ante la incertidumbre presupuestal y la parálisis de megaobras en Barrancabermeja, la juventud promueve un cabildo abierto como herramienta constitucional para exigir transparencia e impulsar la rendición de cuentas pública.
Por Carlos Cantillo | Quienes nos hemos anticipado a ese escenario hipotético, de un nuevo endeudamiento promovido por la alcaldÃa distrital de Barrancabermeja, que ofrece más incertidumbres que certezas sobre la gestión de los dineros públicos, nos ha conducido irremediablemente a la acción; a que, en medio de todo este clima polÃtico, a mi modo de ver bastante convulso y adverso, un grupo de jóvenes movidos por el más puro sentimiento democrático, se encuentren en la labor de promover un cabildo abierto cuyo objetivo esencial, es el de ofrecer un poco de luz, ante un panorama que en definitiva no deja muchas claridades.
No es un secreto para nadie que camine las calles de nuestro distrito que la aprobación del Acuerdo 016 del 17 de diciembre de 2024, el cual autorizó un cupo de endeudamiento masivo por la suma de $202.288.998.997,00 COP, se sintió desde el primer momento como una carga pesada y difusa para el futuro de la ciudad. A medida que avanzamos en este año 2026, la realidad nos demuestra que los temores no eran infundados: la bruma de la improvisación técnica y la falta de planificación presupuestal empiezan a pasar factura en proyectos que se anunciaban como “mega obras”.
El silencio conveniente de las instituciones ordinarias encargadas del control polÃtico, es la que obliga al pueblo a adquirir el peso histórico de sus luchas, y a hacer uso de esa fuerza jurÃdica que la Constitución le otorga.
Las grietas en el espejo de las obras públicas
El panorama actual de las inversiones del empréstito justifica plenamente la urgencia de este llamado ciudadano. Es sumamente preocupante observar cómo el gran megaproyecto de la VÃa Yuma se encuentra en el limbo por la falta de un compromiso financiero real; faltan $29.000 millones de pesos por parte de la AlcaldÃa y la concurrencia de la Gobernación para concluir apenas cuatro kilómetros de vÃa. Resulta paradójico que, mientras ECOPETROL S.A. cumplió a cabalidad incrementando su participación del 50% al 62% para salvar el convenio, el gobierno distrital ni siquiera ha ejecutado el estudio socio-predial indispensable para determinar y adquirir los predios requeridos.
Esta misma desidia se traslada a nuestras comunidades rurales y barriadas. En el corregimiento de El Llanito, la construcción de la Institución Educativa San Marcos —un proyecto de más de $18.341 millones de pesos— se reporta en un estado crÃtico de parálisis, alcanzando un modestÃsimo 10% de avance, cuando los plazos de entrega propuestos inicialmente están próximos a terminar el 12 de noviembre de este mismo año. Las denuncias en el propio Concejo Distrital advierten que las exigencias no resueltas de la comunidad y la asfixia financiera de un contratista económicamente "reventado" amenazan con transformar esta escuela en un elefante blanco más. A esto se suma la parálisis crónica de la Granja Solar Fotovoltaica de 5 MW, proyecto de más de $25.695 millones de pesos, que sigue atrapada en la burocracia de las comunidades energéticas sin poner un solo panel en tierra.
Esta acumulación de dudas no es un hecho aislado, sino el reflejo de dinámicas polÃticas que históricamente han complejizado el acceso a la información en el distrito. La memoria local recuerda cómo, en procesos pasados de control ciudadano —como los intentos de revocatoria de mandato—, las intensas disputas entre sectores polÃticos y los cuestionamientos legales del momento terminaron por opacar el debate de fondo. En esos escenarios, suele surgir el argumento de que acudir a estos mecanismos democráticos constituye un freno para la ciudad, intentando anteponer el respaldo inicial de las urnas a la fiscalización activa. Una narrativa similar asoma hoy: si bien una administración puede llegar al poder cobijada por cifras de votación históricas, la necesidad de claridad sobre el destino de los recursos públicos sigue siendo una demanda vigente y legÃtima. Más allá de las controversias particulares de cada periodo de gobierno, lo evidente es que las mayorÃas electorales no sustituyen la obligación constante de rendir cuentas.
Es justamente a la luz de este aprendizaje histórico que respondemos a una inquietud legÃtima y frecuente entre los barranqueños: ¿por qué promover un cabildo abierto y no una revocatoria de mandato? La respuesta encierra una profunda responsabilidad civil y demuestra que conocemos los costos de la inestabilidad institucional. Nuestro territorio ya vivió las secuelas de una revocatoria truncada por maniobras de abstencionismo que terminaron en rigurosas investigaciones penales, interceptaciones de la FiscalÃa y el procesamiento judicial de altos funcionarios del gabinete local. Aquel episodio no solo trasladó el debate polÃtico a los estrados, sino que sumergió a la ciudad en un agudo desgobierno y en una parálisis que terminó afectando el desarrollo colectivo.
Quienes hoy impulsamos este mecanismo no pretendemos repetir ese ciclo de incertidumbre ni ser el obstáculo que detenga la marcha del distrito. Nuestra apuesta no es la obstrucción del mandato vigente, sino la exigencia técnica e inapelable de que los recursos del empréstito se ejecuten con pulcritud, eficiencia y de cara a la ciudadanÃa. Barrancabermeja no resiste más parálisis; lo que exigimos es ejecución transparente.
El verdadero sentir de Barrancabermeja, y el mensaje constructivo para la juventud, es que la confianza ciudadana no se agota el dÃa de la elección; se revalida a través de la transparencia medible de las finanzas públicas.
El control social desde el rigor de la ley
Ante la inoperancia de los mecanismos ordinarios de control polÃtico en el Concejo Distrital, la ciudadanÃa no tiene por qué resignarse a la oscuridad de las cifras. La figura constitucional del Cabildo Abierto, consagrada en el artÃculo 103 de nuestra Carta PolÃtica y regulada por la Ley Estatutaria 1757 de 2015, surge como el instrumento idóneo, legal y pacÃfico para obligar al alcalde y a sus secretarios a rendir cuentas de cara a la gente.
Para que este esfuerzo de la juventud local prospere ante las autoridades competentes, la rigurosidad normativa es nuestra mejor defensa. Atendiendo a las exigencias legales del umbral de respaldo popular y sumando los márgenes de seguridad necesarios para blindar el proceso ante la RegistradurÃa, el comité promotor se ha fijado la meta estricta de recaudar 944 firmas válidas.
Este respaldo popular inobjetable obligará al alcalde Distrital a asistir de manera ineludible al recinto y responder, bajo la gravedad de una falta disciplinaria por mala conducta si se ausenta, un cuestionario riguroso sobre el destino de cada peso de la deuda.
Un compromiso con el arraigo y el porvenir
Vincularse pues a la fiscalización de los recursos públicos no es un asunto que deba dejarse a las dinámicas exclusivas una clase polÃtica tradicional, que va en contravÃa al desarrollo del proyecto de ciudad; es una responsabilidad ética con el territorio que habitamos. El dinero del empréstito no le pertenece a una administración de paso; es una deuda que pagaremos todos los barranqueños con el esfuerzo de nuestros impuestos.
Este cabildo abierto, promovido desde el sentimiento más puro de una juventud que se niega a la apatÃa, busca que la corporación municipal y la alcaldÃa determinen de manera explÃcita y pública el orden de prioridad de las obras. Es el momento de que la ciudadanÃa en general firme, apoye y se apropie de este mecanismo. Encender la luz sobre las finanzas de Barrancabermeja es el primer paso para recuperar esa dignidad tan mancillada de nuestra gestión pública.
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Carlos Mario Cantillo Carrascal - Licenciado en Artes (EF) y Abogado (EF) - Miembro
promotor del Cabildo Abierto
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