La Corte Constitucional determinó que el Ministerio de Salud incumplió tres órdenes relacionadas con el cálculo, suficiencia y equiparación de la Unidad de Pago por Capitación para 2026.

Corte cuestiona manejo de la UPC durante el Gobierno Petro

La Corte Constitucional determinó que el Ministerio de Salud, durante la administración de Gustavo Petro, incumplió tres órdenes relacionadas con la definición de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) correspondiente a la vigencia 2026.

La decisión fue adoptada por la Sala Especial de Seguimiento del alto tribunal dentro de un incidente relacionado con el cumplimiento de órdenes judiciales sobre la financiación del sistema de salud. La Corte examinó aspectos relacionados con el cálculo, la suficiencia y la equiparación de los recursos destinados a financiar la atención de los usuarios.

La UPC es el valor que el sistema reconoce por cada afiliado para financiar la prestación de servicios de salud. Su cálculo tiene un impacto directo sobre los recursos disponibles para las EPS y sobre la capacidad del sistema para cubrir las atenciones requeridas por los usuarios.

Según la información conocida, la Corte concluyó que el Ministerio de Salud no cumplió adecuadamente las órdenes impartidas en relación con la determinación de la UPC para 2026.

Sin embargo, el tribunal decidió no sancionar al exministro Guillermo Alfonso Jaramillo, quien estaba al frente de la cartera durante el período analizado. La Corte señaló que no encontró elementos suficientes para establecer dolo o culpa en su actuación.

La decisión tiene relevancia dentro del debate nacional sobre la financiación del sistema de salud y las dificultades que atraviesan las entidades responsables de garantizar la prestación de los servicios.

El pronunciamiento también vuelve a poner sobre la mesa la discusión acerca de la metodología utilizada para calcular los recursos que necesita el sistema y sobre la necesidad de que las cifras respondan a los costos reales de atención.

El Gobierno deberá atender las determinaciones de la Corte y ajustar las actuaciones correspondientes dentro del marco establecido por el tribunal.

El caso se suma a las diferentes controversias judiciales que durante los últimos años han acompañado las discusiones sobre financiación, reforma y funcionamiento del sistema de salud colombiano.