Colombia acumula 97 masacres durante 2026, según cifras de Indepaz citadas en un informe publicado este domingo. La violencia está relacionada con disputas territoriales, economías ilegales y presencia de grupos armados.
Masacres evidencian persistencia de la violencia
Colombia llegó a 97 masacres durante 2026, de acuerdo con cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) recogidas en un informe publicado el domingo 11 de octubre. El balance sitúa al año en curso entre los más violentos de la última década por este tipo de hechos.
Según el reporte, los casos registrados hasta comienzos de octubre dejaron 376 víctimas. Entre ellas figuran mujeres, menores de edad y personas cuya identidad no había sido establecida al momento de divulgarse algunos de los hechos.
El informe también menciona el asesinato de tres personas en Segovia, Antioquia, como uno de los episodios recientes que ilustran la gravedad de la situación. Las circunstancias particulares de cada caso deben ser establecidas por las autoridades judiciales.
Entre los factores que explican la persistencia de esta violencia se encuentran las disputas por el control territorial entre organizaciones armadas, incluidas disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo. También influyen las economías ilegales, el microtráfico y las prácticas de extorsión que afectan a diferentes comunidades.
El problema no se limita al número de víctimas. Estos hechos generan desplazamiento, temor colectivo, afectaciones psicológicas y restricciones a la vida cotidiana de las poblaciones donde ocurren.
El panorama plantea desafíos para la política de seguridad, la investigación criminal y la protección de comunidades expuestas a disputas armadas. La prevención requiere, además de operaciones de la Fuerza Pública, presencia institucional, acceso a la justicia y garantías para quienes denuncian amenazas.
Las cifras deben analizarse junto con las diferencias regionales y las condiciones particulares de cada territorio. La responsabilidad penal por cada masacre corresponde establecerla a la Fiscalía y a los jueces, con base en las pruebas recaudadas.
El balance divulgado vuelve a situar la violencia colectiva entre los principales retos de seguridad y protección de los derechos humanos en Colombia.
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