De la gobernabilidad y el control polÃtico, a la arena polÃtica.
Por David Patiño | En la polÃtica territorial, las alianzas de gobierno tienen fecha de vencimiento. Lo que durante la administración fue coordinación, camaraderÃa, respaldo o silencio institucional puede transformarse, al acercarse una nueva disputa electoral, en debate, cuestionamiento y reprimenda pública. Por eso, la relación entre secretarios de despacho y concejales puede pasar rápidamente de la cooperación para gobernar al enfrentamiento propio de la arena polÃtica.
El escenario se vuelve principalmente
sensible de cara a las elecciones territoriales de 2027, que están a la vuelta
de la esquina, previstas para elegir alcaldes, gobernadores, concejos,
asambleas y juntas administradoras locales para el periodo 2028-2031. En ese
contexto, antiguos aliados pueden convertirse en contendientes, crÃticos de la
gestión o aspirantes a capitalizar polÃticamente los resultados de las metas
del gobierno de turno y también las dificultades del gobierno en ejercicio.
Una alianza con intereses distintos
Durante el primer año de
gobierno, el alcalde necesita construir mayorÃas en el concejo para aprobar el
plan de desarrollo, el presupuesto, las autorizaciones de crédito, los
proyectos de infraestructura y otras iniciativas administrativas. Los
concejales, a su vez, pueden encontrar ventajas en acompañar la agenda
gubernamental, participar en acuerdos de gobernabilidad y mostrar resultados
ante sus electores.
Los secretarios en cambio son, ese
brazo extensor del alcalde, siendo, los principales ejecutores de las polÃticas
públicas. Defienden los programas enmarcados en las metas del Plan de
Desarrollo, explicando su ejecución presupuestal, responden por las metas y
sirven de enlace entre la administración y el honorable concejo.
Sin embargo, los intereses empiezan
a tomar rumbos diferentes cuando aparece el calendario electoral regional y
local. El secretario o secretaria debe proteger la gestión del alcalde y
preservar la continuidad administrativa. El concejal, en cambio, necesita
diferenciarse, demostrar independencia y construir una narrativa propia ante
los ciudadanos que lo desligue del mensaje del alcalde. La misma obra, contrato
o polÃtica que antes era presentada como un logro colectivo puede empezar a ser
mostrada como insuficiente, tardÃa o mal ejecutada.
La alianza se debilita porque cada actor empieza a responder a públicos diferentes:
- El secretario responde institucional y
polÃticamente ante el alcalde, la administración y órganos de control.
- El concejal responde ante su bancada, su partido, la
militancia que lo eligió y protegiendo sus aspiraciones futuras.
- El alcalde quiere preservar su legado de gobierno y
mantener capacidad de decisión.
- Los grupos polÃticos pretenden controlar la
sucesión o posicionar una candidatura alternativa, posicionando un mensaje
de pésimo gobierno.
AsÃ, el debate deja de
concentrarse únicamente en si una polÃtica funciona, y empieza a girar
alrededor de quién puede atribuirse sus resultados.
El pasado como fuente de conflicto
Los enfrentamientos pueden ser
más intensos cuando los concejales participaron activamente en la construcción
de la administración. Quienes aprobaron el plan de desarrollo, respaldaron el
presupuesto o custodiaron determinadas decisiones cuestionadas como los
endeudamientos, pueden verse obligados, posteriormente, a explicar por qué
cambiaron de posición.
Allà aparece una de las
principales tensiones, el concejal que antes defendÃa una polÃtica pública
puede ahora cuestionarla, mientras que el secretario puede recordarle
públicamente que esa decisión contó con su respaldo. El debate polÃtico se
convierte entonces en una disputa por la memoria de la gestión.
De lo anterior surgen preguntas
como estas; ¿Quién aprobó el presupuesto que ahora se critica?, ¿Quién
acompañó las autorizaciones para contratar o endeudarse?, ¿Quién participó en
las reuniones de concertación?, ¿Quién conocÃa los riesgos y decidió guardar
silencio?, el cuestionamiento responderá a una ¿preocupación ciudadana o a una
estrategia electoral?
Estas preguntas no son
necesariamente ilegÃtimas. La rendición de cuentas incluye examinar las
decisiones colectivas y sus resultados. El problema aparece cuando el control
polÃtico se usa selectivamente, se cuestiona al antiguo aliado no porque haya
surgido nueva información, sino porque dejó de ser útil para la estrategia
electoral.
El control polÃtico como escenario de disputa
El concejo tiene una función
constitucional y legal de control polÃtico sobre la administración municipal.
La Ley 136 de 1994 permite citar a secretarios, jefes de departamento
administrativo, representantes legales de entidades descentralizadas, personero
y contralor. Las citaciones deben formularse mediante cuestionario escrito, con
una anticipación mÃnima de cinco dÃas hábiles, y el debate debe limitarse a los
asuntos relacionados con el cuestionario.
Esto significa que el control
polÃtico no es una concesión del alcalde ni una persecución personal contra los
funcionarios. Es una función institucional del concejo, orientada a examinar la
gestión pública, solicitar explicaciones y verificar el cumplimiento de las
polÃticas y del presupuesto.
Las herramientas más frecuentes son, citaciones a secretarios y directores para responder cuestionarios, solicitud de informes escritos sobre ejecución presupuestal, metas y contratos, debates de control polÃtico sobre sectores especÃficos, invitaciones a contratistas, expertos, organizaciones sociales y representantes comunitarios, seguimiento a indicadores del plan de desarrollo, revisión de la contratación y de la prestación de servicios, proposición de debates sobre problemas de impacto ciudadano, traslado de posibles irregularidades a la personerÃa, contralorÃa, procuradurÃa o fiscalÃa, según corresponda.
La Corte Constitucional ha
reconocido que las asambleas y concejos ejercen control polÃtico sobre la
gestión gubernamental de las entidades territoriales. Pero esa función tiene
lÃmites; no puede convertirse en una investigación penal paralela, en una
sanción anticipada ni en un mecanismo para sustituir las competencias del
alcalde o de los órganos de control.
¿Cuándo el control polÃtico se vuelve electoral?
La proximidad de las elecciones
no invalida automáticamente un debate. Un problema real no deja de existir
porque se discuta en vÃsperas de año electoral. Sin embargo, el contexto puede
afectar la forma, la selección de los temas y el tono de las intervenciones.
El control polÃtico puede verse
contaminado por intereses electorales cuando; se citan funcionarios por asuntos
menores mientras se omiten problemas más relevantes, se formulan preguntas
genéricas, acusatorias o imposibles de responder, se repiten debates ya
resueltos sin aportar información nueva, se divulgan conclusiones antes de
escuchar las explicaciones, se utilizan las sesiones para promocionar
candidaturas o atacar adversarios, se confunde responsabilidad polÃtica con
responsabilidad disciplinaria, fiscal o penal, se exige al secretario responder
por materias que no corresponden a su cargo, se usa la exposición mediática
como sustituto de la argumentación técnica.
La Ley 136 exige que las
citaciones se refieran a asuntos propios del cargo del funcionario y que el
debate no se extienda a materias ajenas al cuestionario. Esta regla es
especialmente importante cuando el debate adquiere una dimensión electoral,
porque impide convertir la sesión en un interrogatorio ilimitado o en una
plataforma de acusaciones sin relación directa con la gestión examinada.
Las deudas pendientes de la administración
El enfrentamiento también puede
surgir porque los secretarios conocen desde dentro las decisiones de gobierno.
Un secretario (a) que abandona el cargo puede convertirse en una fuente privilegiada
de información polÃtica para sectores adversos. Puede explicar cómo se tomaron
las decisiones, cuáles fueron las advertencias técnicas, qué compromisos se
adquirieron durante la administración, y que acuerdos externos quedaron bajo de
la mesa.
A la inversa, el alcalde y los
concejales que permanecen en la coalición pueden cuestionar al exsecretario por
su gestión. El antiguo funcionario puede quedar atrapado entre dos actores defender
sus actuaciones y, al mismo tiempo, distanciarse de decisiones que ahora pueden
resultar impopulares y hasta ser su muerte polÃtica.
Cuando el calendario se acerca a
las elecciones territoriales, la solicitud expedita o sorpresiva de una
eventual renuncia masiva a sus secretarios y gabinete aparece, permite al
alcalde “medir lealtades y renegociar apoyos”. Es el momento en que la
administración evalúa si los sectores polÃticos representados en el gabinete
seguirán acompañando la agenda del alcalde o si, por el contrario, ya están
construyendo candidaturas independientes o de oposición.
En ese proceso queda en
entredicho, la priorización de proyectos y obras, la ejecución real del
presupuesto, los contratos celebrados, sus modificaciones y adiciones, la
eficacia de los programas sociales, las metas de seguridad, movilidad, salud o
educación, la gestión de convenios y asociaciones público-privadas, el manejo
de las crisis administrativas, la transparencia en la selección de contratistas,
la coordinación entre las secretarÃas y el despacho del alcalde.
No toda deficiencia equivale a
corrupción o ilegalidad. Una polÃtica puede ser legal y, sin embargo ineficaz,
puede tener recursos asignados y no alcanzar las metas, o puede estar bien
diseñada pero mal ejecutada. El control polÃtico serio debe distinguir entre
error administrativo, negligencia, ineficiencia, incumplimiento,
responsabilidad fiscal, falta disciplinaria y posible delito.
El rol de los secretarios y las secretarias
Los secretarios no deben
responder al control polÃtico como si se tratara únicamente de una
confrontación partidista. Su obligación es presentar información verificable,
completa y comprensible.
También deben evitar dos errores
comunes. Primero es responder con consignas polÃticas a preguntas técnicas. Segundo
es atribuir todos los problemas a la administración anterior, al concejo o a
factores externos sin asumir con criterio la falta de responsabilidad que les corresponde.
Cuando un secretario fue aliado
polÃtico de los concejales que ahora lo cuestionan, la mejor defensa no es la
confrontación personal, sino la trazabilidad documental, actas, informes de
supervisión, indicadores, cronogramas, estudios previos, modificaciones
contractuales y soportes presupuestales, permiten reconstruir quién decidió
qué, cuándo y con fundamento en qué información.
El papel de los concejales
Los concejales tienen la
oportunidad de demostrar que el control polÃtico es algo más que una disputa
electoral. Para ello, deben formular cuestionarios precisos, solicitar datos comparables
y evitar que el debate dependa exclusivamente de denuncias en redes sociales o
de afirmaciones sin soporte.
La calidad del control no se mide
por el número de funcionarios citados ni por la intensidad de los discursos,
sino por su capacidad para producir explicaciones, correctivos y decisiones
públicas. Si el debate termina únicamente en titulares, acusaciones cruzadas y
posicionamiento electoral, los corporados pierden credibilidad.
El futuro de las coaliciones inestables
El periodo que se aproxima estará
marcado por una mayor competencia polÃtica dentro de las propias coaliciones de
gobierno. Muchos concejales buscarán conservar su curul, algunos aspiraran a la
alcaldÃa, otras respaldaran los candidatos de los representantes a la Cámara o del
Senado, o negociaran posiciones en la próxima administración. Los secretarios
también pueden convertirse en actores polÃticos; algunos intentarán continuar
en el gobierno, otros buscarán una candidatura y otros se apartarán para
preservar su reputación y jugar a dos bandas.
Por eso, las decisiones actuales
serán evaluadas no solo por sus efectos administrativos, sino por su utilidad
electoral. Cada obra, cada contrato, cada crisis o declaración podrá
convertirse en un elemento de campaña. La administración enfrentará un dilema;
mantener la disciplina de gobierno mientras sus antiguos aliados comienzan a
construir un discurso de oposición.
En ese escenario, es probable que
aumenten; los debates sobre ejecución presupuestal, las denuncias sobre
contratación, las solicitudes de información, las controversias sobre obras
inconclusas, la revisión de promesas incumplidas, las disputas por la autorÃa
de los resultados, las acusaciones de doble militancia o incoherencia polÃtica,
la utilización de redes sociales para presionar a funcionarios y concejales.
La competencia no necesariamente
es negativa. Puede mejorar la vigilancia ciudadana y obligar a la
administración a justificar sus decisiones. El riesgo aparece cuando la lógica
electoral reemplaza la responsabilidad institucional.
Gobernabilidad después de la alianza
El tránsito de aliados a
contendientes es normal en una democracia, pero no deberÃa borrar las reglas de
la administración pública. Quien acompañó al gobierno debe poder ejercer
oposición sin negar sus propias decisiones. Quien fue secretario debe rendir
cuentas sin convertir cada cuestionamiento en una persecución polÃtica. Y quien
todavÃa integra la administración debe responder por sus actuaciones sin
escudarse exclusivamente en el respaldo del alcalde.
El desafÃo consiste en separar
tres planos que suelen mezclarse:
- La competencia electoral, en la que cada candidato
busca convencer al ciudadano.
- El control polÃtico, en el que el concejo examina
la gestión administrativa.
- La responsabilidad jurÃdica, en la que las
autoridades competentes determinan si hubo infracciones, daño patrimonial
o delitos.
La democracia local se debilita
cuando estos planos se confunden. Un concejal puede ser un adversario electoral
y, al mismo tiempo, ejercer un control legÃtimo. Un secretario puede ser un
funcionario cuestionado y, aun asÃ, tener derecho a responder con garantÃas. Y
un antiguo aliado puede cambiar de posición sin que ese cambio sea
automáticamente prueba de traición, aunque asà deba explicar las razones de su
nueva postura.
La verdadera prueba de
gobernabilidad llegará cuando los acuerdos polÃticos dejen de ser convenientes.
En ese momento se sabrá si existÃa una alianza basada en un proyecto público o
simplemente una coincidencia temporal de intereses. El control polÃtico, bien
ejercido, no deberÃa destruir la gestión ni protegerla de manera ciega, deberÃa
revelar qué se hizo, quién decidió, qué resultados se obtuvieron y qué debe
corregirse antes de que la disputa electoral termine convirtiendo la
administración pública en el escenario de una revancha polÃtica.
“En la polÃtica territorial, la lealtad dura lo que tarda en llegar el calendario electoral, lo que ayer fue alianza de gobierno, mañana es munición para el control polÃtico”. D. Patiño.
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David Patiño - Politólogo, Asesor SVSP, Magister en Proyect Management, Asesor polÃtico, Estadista Criminal, - Reserva P. Mindefensa
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