El Gobierno Nacional anunció compromisos en materia de seguridad tras los consejos realizados en Riohacha y Cartagena, con énfasis en estructuras criminales y minerÃa ilegal.
Gobierno anuncia acciones de seguridad en el Caribe
El Gobierno Nacional definió una serie de compromisos en materia de seguridad después de los consejos realizados durante los últimos dÃas en Riohacha y Cartagena, reuniones en las que participaron autoridades nacionales, departamentales y municipales.
La agenda estuvo encabezada por el presidente Abelardo de la Espriella y tuvo como uno de sus objetivos establecer acciones para enfrentar la presencia de estructuras criminales en diferentes zonas de la región Caribe. La estrategia contempla medidas especÃficas para La Guajira y BolÃvar.
En Riohacha, las autoridades analizaron la situación de seguridad de La Guajira y la presencia de organizaciones armadas que, según el Gobierno, utilizan el territorio para actividades relacionadas con el narcotráfico y otras economÃas ilegales.
En Cartagena, el consejo de seguridad estuvo acompañado por autoridades locales y se abordaron asuntos relacionados con seguridad ciudadana y control territorial. El Gobierno anunció compromisos que deberán ser implementados por las instituciones responsables.
Dentro de las prioridades también aparece la lucha contra la minerÃa ilegal en el sur de BolÃvar, una actividad que ha sido relacionada por las autoridades con la financiación de estructuras armadas y otras actividades ilÃcitas.
Los compromisos anunciados hacen parte de la polÃtica de seguridad del Ejecutivo y deberán ser desarrollados mediante acciones de la Fuerza Pública y de las diferentes entidades gubernamentales.
La implementación de estas medidas estará acompañada por las autoridades territoriales, que deberán coordinar sus actuaciones con el Gobierno Nacional. El seguimiento a los resultados permitirá establecer el impacto de las decisiones adoptadas en los consejos de seguridad.
El Gobierno también ha planteado que las intervenciones deben concentrarse en territorios donde se registra presencia de organizaciones criminales y economÃas ilegales, con el propósito de fortalecer la capacidad institucional y mejorar las condiciones de seguridad para las comunidades.
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