La Fiscalía citó a interrogatorio a los gerentes y contadores de las campañas de Iván Cepeda y Carolina Corcho por la financiación de la consulta interna del Pacto Histórico.
Fiscalía investiga financiación de consulta política
La Fiscalía General de la Nación citó a interrogatorio a los gerentes y contadores de las campañas de Iván Cepeda y Carolina Corcho por posibles irregularidades relacionadas con la financiación de la consulta interna del Pacto Histórico realizada en octubre de 2025.
Las diligencias fueron ordenadas por una Fiscalía de la Dirección Especializada contra la Corrupción y están programadas para los días 23 y 24 de septiembre. El objetivo es obtener información sobre los movimientos financieros registrados durante la consulta y verificar la correspondencia entre los gastos reportados oficialmente y la contabilidad de las campañas.
La investigación incluye a los responsables financieros de las campañas de ambos dirigentes. En el caso de Cepeda, quien ganó la consulta, el gerente fue Carlos Saúl Garzón Urrea y la contadora Sandra Yurany López Cortés. En la campaña de Carolina Corcho también fueron citados los responsables de administrar y contabilizar los recursos.
El foco de la Fiscalía está relacionado con los reportes entregados al Consejo Nacional Electoral, específicamente con los valores registrados como gastos, créditos y aportes. La investigación busca establecer si la información presentada ante las autoridades electorales corresponde a los movimientos económicos realizados durante la jornada política.
La actuación de la Fiscalía ocurre después de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abriera, el 14 de septiembre, una indagación previa contra el senador Iván Cepeda por el manejo de los recursos de esa consulta.
La apertura de estas actuaciones no implica una declaración de responsabilidad penal. Las autoridades deberán recopilar y analizar la información financiera antes de determinar si existen elementos para avanzar hacia otras etapas de investigación.
El caso se desarrolla mientras las instituciones encargadas del control electoral y judicial revisan el cumplimiento de las normas relacionadas con la financiación de actividades políticas.
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