Existe una frase que se repite desde hace generaciones: "En la mesa no se habla de política ni de religión". Muchos la consideran una fórmula para evitar discusiones familiares o conservar la armonía entre amigos. Sin embargo, también puede convertirse en una invitación al silencio sobre dos asuntos que influyen profundamente en nuestra vida cotidiana.
Por Andrés Macana | La política determina cómo se administran los recursos públicos, qué modelo económico se impulsa, cómo se garantiza el acceso a la salud, la educación, el empleo o la seguridad. La religión, por su parte, orienta la vida espiritual y los valores de millones de personas. Ambas hacen parte de la sociedad, pero cumplen funciones distintas y, precisamente por ello, necesitan permanecer separadas en un Estado laico como Colombia.
El problema surge cuando la fe deja de ser una decisión
personal y se convierte en una herramienta para orientar el voto. La libertad
religiosa merece toda la protección del Estado, pero esa misma libertad implica
que ningún ciudadano deba votar porque un pastor, un sacerdote o cualquier
líder espiritual así lo indique. La democracia exige ciudadanos capaces de
analizar programas de gobierno, contrastar ideas y tomar decisiones informadas.
Del mismo modo, la política pierde su esencia cuando deja de
ser un espacio para debatir proyectos de país y se transforma en un escenario
de descalificaciones, miedo y polarización. La política no debería consistir
únicamente en ganar elecciones, sino en discutir el rumbo de nuestras ciudades,
de nuestros municipios y de Colombia con argumentos y respeto.
También resulta preocupante cuando algunos sectores buscan
deslegitimar cualquier conversación política. Pensar diferente, cuestionar a
los gobernantes o debatir las políticas públicas no convierte a nadie en
enemigo. Por el contrario, esa es la esencia de una democracia saludable. Una
ciudadanía informada fortalece las instituciones; una ciudadanía silenciosa las
debilita.
En los últimos años, el debate público colombiano se ha
visto marcado por discursos cada vez más radicales, donde con frecuencia el
contradictor deja de ser un adversario político para convertirse en un enemigo
al que se pretende descalificar o excluir. Esa lógica resulta peligrosa para
cualquier democracia, porque termina justificando la intolerancia y alimentando
la división social.
Colombia conoce demasiado bien las consecuencias de la
violencia política. El Magdalena Medio, nuestra región, ha sido testigo del
enorme costo humano que dejan los discursos de odio cuando terminan
convirtiéndose en acciones violentas. Por eso, cualquier propuesta relacionada
con seguridad, participación de civiles o fortalecimiento institucional debe
ser debatida públicamente con transparencia, dentro del marco constitucional y
con pleno respeto por los derechos humanos. La memoria histórica nos obliga a
analizar con rigor cualquier medida que pueda generar preocupación entre las
comunidades.
Defender los derechos sociales tampoco debería convertirse
en una etiqueta ideológica. Reclamar mejores servicios públicos, salarios
dignos, acceso a la tierra para los campesinos, protección del medio ambiente o
mayor equidad no hace comunista, socialista o enemigo de la patria a quien lo
plantea. Hace parte del ejercicio legítimo de la ciudadanía en una democracia.
Las redes sociales han contribuido a ampliar el acceso a la
información, pero también han creado entornos donde los algoritmos muchas veces
nos muestran únicamente aquello con lo que ya estamos de acuerdo. El resultado
es una sociedad que escucha menos, debate menos y desconfía más de quien piensa
distinto. Por eso resulta indispensable fortalecer el pensamiento crítico y el
diálogo respetuoso.
Hablar de política no debería ser motivo de temor, sino una
oportunidad para construir ciudadanía. Hablar de religión tampoco debería
significar imponer creencias, sino compartir valores que promuevan la
solidaridad, la reconciliación y el respeto por la dignidad humana.
Tal vez ha llegado el momento de dejar atrás aquella vieja
frase de que "no se habla de política ni de religión". Lo que
realmente deberíamos evitar no son esos temas, sino el fanatismo, la
intolerancia y la incapacidad de escuchar al otro. Una democracia necesita
ciudadanos que piensen, pregunten, argumenten y participen. Y una fe auténtica
debería inspirar el servicio al prójimo, nunca la exclusión ni la violencia.
Solo cuando comprendamos que la política pertenece al debate
democrático y la religión a la conciencia de cada persona podremos construir
una sociedad más libre, más plural y más respetuosa de las diferencias.
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Andrés Macana - Comunicador social (EF)
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