La Fiscalía General de la Nación ocupó bienes del cantante Charlie Zaa, valorados en más de $45.000 millones, dentro de un proceso de extinción de dominio.
La Fiscalía General de la Nación confirmó la ocupación con fines de extinción de dominio de cuatro bienes vinculados al cantante colombiano Charlie Zaa, como parte de una investigación que busca establecer el presunto origen ilícito de los recursos con los que fueron adquiridos. El proceso judicial fue adelantado por fiscales especializados en extinción del derecho de dominio y hace parte de una investigación patrimonial de varios años.
De acuerdo con el ente investigador, los inmuebles tendrían un valor superior a los 45.000 millones de pesos e incluyen un centro comercial, un hotel y dos establecimientos nocturnos ubicados en los departamentos de Tolima y Cundinamarca. Las autoridades consideran que estos bienes habrían sido utilizados para ocultar recursos que, presuntamente, estarían relacionados con actividades del extinto Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La investigación señala que antiguos integrantes de esa organización ilegal habrían utilizado terceros para invertir dinero de origen ilícito en diferentes proyectos comerciales. En ese contexto, la Fiscalía adelanta las actuaciones judiciales necesarias para determinar la procedencia de los recursos y establecer si los bienes pueden ser objeto de extinción de dominio.
Charlie Zaa, cuyo nombre de pila es Carlos Alberto Sánchez Ramírez, rechazó públicamente los señalamientos y aseguró que su patrimonio ha sido construido durante más de tres décadas de trayectoria artística. El intérprete manifestó que colaborará con las autoridades para demostrar el origen legal de sus inversiones y reiteró que confía en las instituciones judiciales.
En un comunicado, el artista afirmó que no ha participado en actividades ilegales y explicó que la medida adoptada por la Fiscalía no constituye una condena, sino una actuación cautelar dentro de un proceso que aún se encuentra en etapa de investigación. También pidió respeto por el debido proceso mientras las autoridades adelantan las diligencias correspondientes.
Especialistas en derecho recordaron que la extinción de dominio es una acción de carácter patrimonial e independiente del proceso penal. Su finalidad consiste en determinar si determinados bienes fueron adquiridos con recursos provenientes de actividades ilícitas, sin que ello implique automáticamente la responsabilidad penal de sus propietarios.
Los inmuebles permanecerán bajo administración del Estado mientras avanza el proceso judicial. Si la justicia determina que fueron adquiridos con recursos ilícitos, pasarán de manera definitiva al Fondo para la Reparación de las Víctimas. En caso contrario, serán restituidos a sus propietarios conforme a la decisión que adopten las autoridades competentes.
La Fiscalía indicó que continuará desarrollando las actuaciones probatorias dentro del expediente para esclarecer los hechos y garantizar el respeto por el debido proceso. Entretanto, la defensa del artista anunció que presentará las pruebas necesarias para acreditar el origen legal del patrimonio y buscar el levantamiento de las medidas cautelares impuestas sobre los bienes investigados.
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