Gobierno propone ampliar recorte a la JEP

 

El Gobierno Nacional planteó aumentar a $170.000 millones el recorte presupuestal previsto para la Jurisdicción Especial para la Paz durante 2027, mientras continúa el debate sobre la financiación de la justicia transicional.



Gobierno plantea mayor recorte a presupuesto de la JEP

El Gobierno Nacional presentó una nueva propuesta relacionada con el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que contempla elevar a $170.000 millones la reducción de recursos para la entidad durante la vigencia de 2027.

La modificación amplía el recorte que inicialmente se había planteado para la jurisdicción y se produce en medio de una discusión sobre las prioridades del presupuesto nacional. La propuesta hace parte del trámite que adelanta el Congreso para definir las apropiaciones correspondientes al próximo año.

La JEP ha expresado preocupación por el impacto que podría tener la reducción de recursos sobre el cumplimiento de sus funciones. La jurisdicción adelanta investigaciones relacionadas con delitos cometidos durante el conflicto armado y tiene a su cargo diferentes procesos de justicia transicional.

El debate presupuestal también ha involucrado a organizaciones de víctimas y sectores políticos, que han planteado diferentes posiciones sobre la importancia de garantizar recursos suficientes para las instituciones creadas después del Acuerdo de Paz.

Por su parte, el Gobierno ha defendido la revisión del gasto público y la necesidad de establecer prioridades presupuestales. El Ejecutivo ha señalado que las decisiones sobre asignación de recursos deben analizarse dentro del conjunto de necesidades que tiene actualmente el Estado.

La discusión todavía no está cerrada. El Congreso deberá estudiar las modificaciones propuestas durante el trámite del presupuesto nacional y determinar las apropiaciones definitivas para cada entidad.

La reducción planteada no significa el cierre de la JEP ni una modificación automática de sus competencias legales. Cualquier cambio en sus funciones requeriría los procedimientos establecidos por el ordenamiento jurídico.

El debate continuará durante las próximas sesiones del Congreso, mientras las diferentes partes presentan sus argumentos sobre el monto de recursos que debería recibir la jurisdicción durante 2027.

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