Las sociedades no pierden sus libertades de un día para otro. Lo hacen lentamente, cuando el miedo reemplaza la razón y la memoria deja de importar.
Por Milton Ardila | Hay un viejo principio que la historia se ha encargado de demostrar una y otra vez: las decisiones más trascendentales para una democracia casi nunca llegan envueltas en discursos contra la libertad. Por el contrario, suelen presentarse como respuestas necesarias a los problemas más urgentes de la sociedad.
La inseguridad, la violencia y el miedo han sido, durante
décadas, los argumentos más poderosos para justificar medidas excepcionales.
Colombia, por supuesto, conoce ese lenguaje. Lo ha escuchado y lo ha vivido
demasiadas veces.
Cada generación ha atravesado una etapa distinta de
violencia y, con ella, ha conocido propuestas extraordinarias para enfrentar
amenazas que parecían imposibles de controlar.
Algunas funcionaron parcialmente. Otras terminaron
produciendo consecuencias mucho más graves que los problemas que pretendían
resolver.
Por eso, cuando desde cualquier sector político se plantea
la creación de organizaciones civiles con participación en tareas relacionadas
con la seguridad, el debate no debería comenzar preguntando quién lo propone.
La primera pregunta debería ser mucho más sencilla: ¿qué
nos enseña la historia sobre experiencias similares?
Como les he dicho muchas veces, mis lectores, la memoria
histórica no existe para impedir los cambios. Existe para evitar que las
sociedades vuelvan a recorrer caminos cuyos resultados ya conocen.
El presidente Abelardo de la Espriella ha propuesto la
creación de Bloques de Seguridad Urbana en todo el país. Y lo hace en una
nación que ha pagado un precio demasiado alto por la violencia como para
olvidar las lecciones que ella misma le dejó.
Lo vivimos con el auge del paramilitarismo entre finales del
siglo XX y comienzos del XXI. También con las Convivir, aquellas cooperativas
de vigilancia y seguridad privada impulsadas durante la Gobernación de
Antioquia de Álvaro Uribe Vélez "creadas mediante el Decreto Ley 356 de
1994"
Ese capítulo de nuestra historia demostró que las respuestas
excepcionales a problemas extraordinarios deben analizarse con el máximo rigor.
No basta con las buenas intenciones; también es indispensable evaluar las
consecuencias que pueden surgir con el paso del tiempo.
Sin embargo, Colombia no ha sido el único país que ha
recorrido ese camino. La historia latinoamericana ofrece múltiples ejemplos de
gobiernos que, desde ideologías completamente opuestas, promovieron
organizaciones civiles vinculadas a la seguridad, el control territorial o la
movilización política.
En Venezuela, Hugo Chávez impulsó los llamados colectivos
bolivarianos. En Nicaragua, durante el gobierno de Daniel Ortega, surgieron las
conocidas turbas sandinistas, identificadas también por algunos sectores como
las Camisas Azules.
En Guatemala, el régimen de Efraín Ríos Montt organizó las
Patrullas de Autodefensa Civil. En Cuba, Fidel Castro creó los Comités de
Defensa de la Revolución, concebidos como estructuras de organización y
vigilancia comunitaria.
Haití también conoció una experiencia similar durante la
dictadura de François Duvalier con los temidos Tonton Macoute, una organización
cuya huella de violencia aún permanece en la memoria colectiva de ese país y se
conocen como las “G9”.
Europa tampoco fue ajena a estos fenómenos. Benito Mussolini
organizó las Camisas Negras como instrumento de intimidación y consolidación
política del fascismo italiano. En Alemania, el régimen nazi creó las SA y
posteriormente las SS, convertidas en pilares de la maquinaria represiva del
Tercer Reich.
En Rumania, durante el gobierno de Nicolae Ceaușescu,
también se promovieron estructuras de movilización y defensa conocidas como
Milicias Patrióticas, bajo el argumento de fortalecer la protección del Estado.
La historia demuestra que este no es un fenómeno nuevo. No
es la primera vez que se plantea la creación de organizaciones civiles
relacionadas con la seguridad. Precisamente por eso, antes de aplaudir o
rechazar cualquier iniciativa, vale la pena preguntarnos qué enseñanzas dejaron
esas experiencias y cuáles fueron sus consecuencias para las sociedades que las
impulsaron.
Como vemos, este es un fenómeno que se ha repetido en
distintas épocas y en diferentes regiones del mundo. No es la primera vez que
se plantea la creación de organizaciones civiles relacionadas con la seguridad,
y precisamente por eso el debate no puede darse de espaldas a la historia.
No se trata de negar una realidad. Colombia enfrenta graves
problemas de criminalidad, extorsión, microtráfico, homicidios y control
territorial por parte de organizaciones ilegales. Miles de ciudadanos sienten
que el Estado no llega con la rapidez ni con la eficacia que las circunstancias
exigen.
Ese diagnóstico difícilmente admite discusión. Lo que sí
merece un debate profundo es la manera de responder a esa realidad.
Cuando el Estado comienza a trasladar funciones propias de
la seguridad hacia estructuras paralelas, incluso bajo las mejores intenciones,
aparecen riesgos institucionales que nunca deberían minimizarse.
La experiencia internacional demuestra que la línea que
separa la cooperación ciudadana del ejercicio informal de funciones coercitivas
puede volverse extremadamente delgada.
Por eso, las democracias modernas fortalecen, antes que
cualquier otra cosa, sus instituciones.
La Policía debe continuar profesionalizándose. La Fiscalía
debe concentrarse en investigar. Los jueces deben sancionar conforme a la ley.
Los organismos de inteligencia deben anticipar el delito. Los gobiernos deben
garantizar presencia institucional. Y los ciudadanos debemos colaborar.
Cada uno cumple una función distinta porque, precisamente,
esa división de responsabilidades protege el equilibrio democrático.
Cuando esas fronteras comienzan a confundirse o a
desdibujarse, aparecen preguntas que ningún gobierno puede responder únicamente
con buenas intenciones.
¿Quién controla?, ¿Quién responde por los excesos?, ¿Quién vigila a quienes vigilan?, ¿Quién impide que intereses políticos, económicos o criminales terminen infiltrando esas estructuras? Son preguntas incómodas, pero absolutamente necesarias.
La democracia no consiste únicamente en ganar elecciones. También exige construir instituciones lo suficientemente fuertes para que ninguna coyuntura termine debilitando el Estado de derecho - Ese ha sido uno de los mayores aprendizajes del último siglo.
Las sociedades democráticas debimos aprender que la
seguridad no puede depender exclusivamente del entusiasmo ciudadano. Debe
descansar sobre instituciones profesionales, sometidas al control judicial,
disciplinario y constitucional.
La historia demuestra que desmontar una estructura
improvisada suele ser mucho más difícil que crearla.
Colombia sabe de qué se habla cuando aparecen iniciativas
relacionadas con la seguridad, la defensa o la participación civil. No porque
este sea un discurso nuevo o revolucionario, sino porque nuestra propia
historia nos obliga a analizar cualquier propuesta con prudencia.
No todas las experiencias son iguales ni todas conducen al
mismo resultado. Sin embargo, el país aprendió, muchas veces con dolor, que
cualquier modificación en este campo exige el máximo nivel de responsabilidad
institucional.
La violencia colombiana nunca tuvo una sola causa. Tampoco
un único responsable. Precisamente por eso, ninguna solución sencilla debería
convencer a una sociedad que conoce la complejidad del conflicto y las
profundas heridas que este ha dejado.
Quizá el problema más preocupante no sea la propuesta
específica del presidente de la Espriella. Tal vez el verdadero problema sea la
velocidad con la que olvidamos nuestra propia historia.
Hoy las redes sociales reducen debates complejos a consignas
de pocas palabras. La polarización ha convertido cualquier crítica en una
supuesta traición y cualquier respaldo en un acto de fe. Los argumentos
desaparecen para dar paso a los aplausos automáticos y al rechazo irreflexivo.
Así se pierde la memoria colectiva.
Un llamado a la desobediencia civil no constituye un llamado
a las armas. Pero tampoco debería responderse promoviendo esquemas de seguridad
voluntaria o estructuras civiles cuya naturaleza y alcance aún generan más
preguntas que certezas.
Cuando una sociedad pierde su memoria, comienza a discutir
el presente como si el pasado nunca hubiera existido.
No hace falta compartir una ideología para reconocer que
toda propuesta pública merece un análisis serio. Tampoco hace falta militar en
un partido político para exigir explicaciones sobre los alcances jurídicos,
constitucionales y democráticos de cualquier iniciativa relacionada con la
seguridad.
La democracia necesita ciudadanos críticos. No seguidores.
No fanáticos. Mucho menos espectadores.
Necesita ciudadanos capaces de hacer preguntas, incluso
cuando simpatizan con quien administra el Estado. Porque, como ustedes bien
saben, mis lectores, el término "gobernar" no hace parte de mi
diccionario.
Las mejores políticas públicas sobreviven porque resisten
las preguntas difíciles. Las peores intentan evitarlas.
Hoy Colombia necesita recuperar una virtud que parece
haberse perdido: la capacidad de debatir sin convertir cualquier diferencia en
un acto de enemistad.
La seguridad es demasiado importante para reducirla a
consignas electorales. También lo es para convertirla en un tema inmune al
cuestionamiento ciudadano.
Los países que fortalecen sus instituciones fortalecen
también su democracia. En cambio, aquellos que buscan soluciones inmediatas
suelen descubrir, demasiado tarde, que las decisiones excepcionales dejan
consecuencias permanentes.
Ahí están los ejemplos de nuestra propia región para
recordarlo. Venezuela es apenas uno de ellos. La historia latinoamericana, como
la europea, está llena de lecciones que no deberían ignorarse cuando se toman
decisiones sobre el futuro de una nación.
Tal vez esa sea la enseñanza más valiosa que puede
ofrecernos la historia. No para impedir que el país cambie. No para condenar
cualquier propuesta antes de estudiarla. Mucho menos para negar los problemas
reales que enfrentan millones de colombianos.
La verdadera enseñanza consiste en recordar que el miedo
nunca ha sido un buen arquitecto de las instituciones.
Las democracias sobreviven cuando las decisiones importantes
se toman con serenidad, con evidencia y, sobre todo, con memoria histórica.
Porque olvidar el pasado nunca ha sido un acto de
modernidad. Ha sido, casi siempre, el primer paso para volver a recorrer
caminos que ya demostraron sus costos.
Y cuando una nación decide caminar sin mirar las huellas que
dejó su propia historia, normalmente no descubre un camino nuevo. Simplemente
vuelve a transitar el mismo.
Porque las libertades nunca desaparecen de un día para otro.
Se desvanecen lentamente, cuando el miedo reemplaza la razón y la memoria deja
de importar. "El olvido también mata".
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Milton Ardila - Comunicador social (EF) - Defensor de Derechos Humanos.
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