La FiscalÃa General de la Nación confirmó que Jesús MarÃa Restrepo Borja, alias “Darlison”, cabecilla del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, fue capturado por el Ejército Nacional en el departamento del Chocó, pero posteriormente dejado en libertad debido a su condición de negociador en los diálogos de paz con el Gobierno Nacional.
Alias “Darlison” fue detenido en la vereda El Roble, en el municipio de El Carmen de Atrato (Chocó), en una operación militar en la que también fueron capturados Jader Montoya Yepes y Arbey Correa Vargas, presuntos miembros del EMC.
Sin embargo, mientras estos dos últimos fueron judicializados y enviados a prisión, Restrepo Borja quedó en libertad debido al Decreto Presidencial 888 del 15 de julio de 2024, que lo reconoce como negociador de paz, y a la Resolución 323 del 23 de agosto de 2024 de la FiscalÃa, que suspendió temporalmente sus órdenes de captura.
Pese a su liberación, la FiscalÃa anunció que en los próximos dÃas Jesús MarÃa Restrepo Borja será imputado por los delitos de concierto para delinquir y porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Militares.
Según información de inteligencia, alias Darlison no solo habrÃa abandonado el proceso de paz en diciembre de 2024, sino que habrÃa continuado delinquiendo, vistiendo prendas militares y portando armamento de largo alcance al momento de su captura. Además, se le atribuye la refundación del Frente 36 de las disidencias en el Chocó y suroeste de Antioquia, con la intención de fortalecer su presencia en corredores estratégicos de movilidad.
Jesús MarÃa Restrepo Borja estaba siendo buscado por las autoridades por varios delitos, entre ellos:
La captura y posterior liberación de alias Darlison han generado cuestionamientos sobre la efectividad de los mecanismos de control a los negociadores de paz y sobre el seguimiento a su compromiso con el proceso.
Según fuentes de inteligencia, el cabecilla de las disidencias nunca dejó sus actividades ilegales y siguió comandando operaciones criminales en la región.
El caso deja en evidencia los desafÃos del Gobierno Nacional en el control de los miembros de grupos armados que participan en los diálogos de paz y plantea interrogantes sobre las garantÃas de seguridad en los territorios afectados por la violencia.
0 Comentarios